En una decisión que generó polémica, el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, ordenó desactivar los equipos especiales responsables de indagar casos relevantes de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país. Entre los conjuntos disueltos figuran el Equipo Especial Lava Jato —que reveló sobornos de Odebrecht a altos funcionarios peruanos—, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo Eficavip, orientado a delitos vinculados con protestas sociales, y el equipo que llevaba las pesquisas sobre la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto.
La medida, anunciada el 6 de enero, ha generado un profundo impacto en el panorama político y social de Perú. Según Gálvez, los equipos “no han cumplido con los resultados esperados” y han fomentado «impunidad y persecución». Además, justificó la decisión como parte de un intento de centralizar estrategias de persecución penal. Sin embargo, la decisión ha sido calificada por diversas organizaciones como un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El fiscal interino, que asumió funciones en septiembre de 2025 mientras enfrentaba denuncias por presuntas irregularidades en su restitución como fiscal supremo, ha sido vinculado a pesquisas relacionadas con la red de Los Cuellos Blancos. Destituido en 2021 por supuestas injerencias en procesos judiciales, Gálvez retornó al Ministerio Público a raíz de decisiones ampliamente cuestionadas. Esta situación ha impulsado a sectores críticos a poner en duda los verdaderos motivos que habrían impulsado el desmantelamiento de los equipos especializados.
Por su parte, José Domingo Pérez, exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, resaltó los avances obtenidos por este conjunto de trabajo y afirmó que su labor hizo posible sentenciar a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, además de aplicar sanciones económicas que superan los 1.400 millones de dólares. Pérez subrayó que esta resolución pretende reinstaurar privilegios y frenar pesquisas que resultan incómodas para los niveles más altos del poder político y económico.
Diversas voces del sector civil y defensores de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de esta decisión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la medida como un “quiebre institucional” que compromete la búsqueda de justicia en casos emblemáticos. Amnistía Internacional también expresó su preocupación por el debilitamiento de los esfuerzos investigativos vinculados a violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales entre 2022 y 2023.
En contraste, ciertos sectores políticos han respaldado la medida. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, celebró la acción de Gálvez al desmantelar los equipos, señalando que funcionaban como instrumentos de persecución política. No obstante, especialistas y analistas advierten que esta modificación podría trasladar investigaciones esenciales a fiscalías comunes con recursos limitados y menor autonomía.
A medida que se traslada la responsabilidad de los casos a otros órganos judiciales, surge la incertidumbre sobre el futuro de procesos que hasta ahora han sido fundamentales para combatir la corrupción en el país. La decisión de Gálvez se produce en un momento crítico para la justicia peruana, dejando a la sociedad civil expectante ante las consecuencias de este golpe a los esfuerzos institucionales por erradicar la impunidad.
Procedencia: El País – https://elpais.com/america/2026-01-07/el-fiscal-general-de-peru-desmantela-los-equipos-especiales-que-investigaban-grandes-casos-de-corrupcion.html
