La Justicia de Chile ordenó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser imputado por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos, el fraude al Fisco y el tráfico de influencias. Lavín, quien formó parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, deberá enfrentar el proceso judicial tras la confirmación de su desafuero por la Corte Suprema en febrero pasado, lo que permitió avanzar con la acusación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien fue diputado durante tres periodos legislativos entre 2014 y 2026, está imputado por presuntamente desviar recursos públicos asignados a labores parlamentarias hacia fines personales y actividades de campaña. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista habría estado involucrado en un fraude cercano a los 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), mediante la emisión de facturas simuladas y el uso irregular de fondos estatales.
En el mismo caso, el tribunal dictó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien enfrenta cargos adicionales de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales. Según las investigaciones, ambos imputados habrían utilizado los fondos para pagar material gráfico y bases de datos utilizadas durante campañas políticas.
La investigación también ha involucrado indirectamente a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno y restricciones de movimiento mientras enfrenta cargos relacionados con actos de corrupción durante su gestión.
Las acciones de Lavín también apuntan a un presunto uso político de los fondos públicos. A pesar de renunciar a la UDI en 2024 tras conocerse las acusaciones en su contra, su implicación dañó la percepción pública de su carrera política, marcada por años de liderazgo. Según la Fiscalía, las maniobras realizadas por Lavín buscaban vulnerar la legislación y apropiarse de recursos públicos bajo mecanismos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín pone de relieve el esfuerzo significativo del sistema judicial chileno por enfrentar la corrupción y asegurar que las figuras políticas respondan por sus decisiones, aunque también ha suscitado críticas respecto a los procedimientos que permitieron que su desafuero se extendiera hasta 2026 mientras seguía participando en la labor legislativa.
Procedencia: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion
