Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a abonar una suma superior a los 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón debido a un litigio contractual. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El litigio legal entre Roberto Arzú García-Granados y el estratega político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a raíz de un vínculo profesional relacionado con las metas presidenciales del político de origen guatemalteco.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que fortaleciera su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del procedimiento judicial, el pacto incluía labores de consultoría estratégica y estrategia política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial establecido entre ambas entidades.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la magistrada Barbara Areces, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida, libró una orden de captura contra Roberto Arzú por incurrir en desacato civil, la cual podía hacerse efectiva en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
También contemplaba la posibilidad de que Arzú subsanara el desacato mediante su comparecencia a una declaración destinada a facilitar la ejecución de la sentencia.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sentencia de índole penal por la comisión de un ilícito.
El expediente judicial vio la luz en abril de 2019, momento en el cual Arzú desarrollaba su campaña hacia la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 trajo a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban obligaciones económicas vinculadas al pacto de consultoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también reflejaban que Arzú buscaba mantener la relación con el consultor mientras intentaba resolver los desacuerdos económicos.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), formaba parte de la alianza electoral con Podemos, conservó su apoyo al aspirante y subrayó que el diferendo competía al ámbito civil.
La controversia sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al trasfondo del pacto, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
Los archivos judiciales de Florida reflejan la presencia de un fallo civil junto con una orden de aprehensión subsiguiente por desacato. A pesar de esto, tales expedientes resultan insuficientes para determinar de manera independiente el desenlace de la deuda o de las responsabilidades financieras.
Este episodio representa uno de los antecedentes judiciales internacionales más destacados en la trayectoria de Roberto Arzú, además de integrarse en la serie de disputas que marcaron su incursión en la contienda presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el procedimiento en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
